Preservar la calidad y competitividad de unos productos tradicionales y de alto valor económico, en un mercado claro en el que queden garantizados tanto los derechos del consumidor como los del sector, con el fin de evitar fraudes y distorsiones de la competencia con otros productos porcinos que no responden a las expectativas del consumidor que busca la calidad de los productos derivados de cerdo ibérico